Son alrededor de dos mil niños que han sido separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos y de ellos 93 son salvadoreños, comentó la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Liduvina Magarín en una entrevista en el canal gubernamental este miércoles.
«Respetamos la posición de Estados Unidos, pero solicitamos vehemente que se detengan. Es lamentable que se estén utilizando a los niños como moneda de cambio, haciéndo presión política al interior de su Parlamento de parte de la administración Trump», dijo Magarín.
Agregó que la Cancillería salvadoreña ha implementado como «línea de trabajo» que «los cónsules se comuniquen con los padres y los familiares de los niños para hacer la labor de enlace, ya que los menores en Estados Unidos no tienen representación legal».
Además, dijo que se está trabajando con otros países para hacer un «posicionamiento conjunto» sobre el tema y que esperan encontrar «un espacio de diálogo abierto». También dijo que se está «trabajando en la búsqueda de entendimientos» con el gobierno estadounidense para que la separación de familias migrantes se detenga.
Rechazo rotundo hacia la política de Trump
La política migratoria de Donald Trump y su decisión de abandonar el consejo de Derechos Humanos de la ONU han provocado un rechazo prácticamente unánime dentro y fuera de Estados Unidos y han situado al mandatario en uno de los momentos más complicados desde su llegada a la Casa Blanca, hace año y medio.
Las imágenes de los niños solos y encerrados en recintos, en algunos casos divididos a modo de jaulas, han generado un repudio sin precedentes a la decisión de Trump de separar a los hijos de los padres de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, además de provocar una fuerte indignación en la opinión pública mundial.
Las mayores críticas al Gobierno, que reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a 2,000 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo, proceden de la oposición demócrata y grupos de defensa de derechos humanos, pero también de dirigentes republicanos y países vecinos.
Los últimos en rebelarse han sido varios gobernadores, que han cancelado su aportación a la militarización de la frontera con México ordenada por Trump.
Aunque la mayoría son demócratas, como los de Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Pensilvania, Nueva York o Rhode Island, también hay republicanos, como los de Massachusetts, Maryland, Nebraska o Florida, Rick Scott.
Este último instó a Trump a «detener» la separación y pidió información sobre la reapertura de un albergue para estos menores en Homestead, al sur de Miami y donde ayer se impidió la entrada al senador Bill Nelson.
Mientras, el estado de Nueva York anunció que demandará al Gobierno federal por violar los derechos constitucionales de padres e hijos separados en la frontera, de los cuales más de 70 han sido trasladados a la «Gran Manzana» desde abril pasado.
«Los niños están siendo usados básicamente como moneda de cambio ante el Congreso para obtener lo que la administración quiere», dijo el gobernador del estado, Andrew Cuomo, a la prensa.
En el extranjero, las mayores críticas proceden de los países de origen de los inmigrantes, como México, El Salvador o Guatemala, cuyo presidente, Jimmy Morales, aseguró hoy que la «grandeza y nobleza» de EUA están en juego con una política que ha separado a 2,000 niños, de los cuales 465 son guatemaltecos.
También México plantó cara a Trump al calificar de «inhumana y cruel» las medidas, mientras Honduras pidió un cambio ante lo que calificó de situación «alarmante» y dijo que contra quien hay que luchar es contra los «traficantes y tratantes de personas».
En medio de toda esta polémica, EUA anunció anoche su retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una decisión «decepcionante, pero no sorprendente» para la ONU.
En una rueda de prensa sin preguntas en Washington, la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, justificó la decisión por las posturas de países como China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo, que, a su juicio, «no respetan» los derechos humanos.
Esta retirada es el último rechazo de EUA a sus compromisos multilaterales tras abandonar la Unesco, el Acuerdo climático de París y el pacto nuclear con Irán, y aleja cada vez más al país más industrializado del mundo del consenso internacional.
Tomado de LPG.